OPINIÓN
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| José Prado Seseña, Presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. |
Última actualización 29/01/2010@21:45:00 GMT+1
Han pasado más de dos meses desde que el Ayuntamiento de Málaga adoptara la decisión de modificar en este municipio, el procedimiento de contratación que marca la Ley de Contratos del Sector Público para los procedimientos negociados sin publicidad y las adjudicaciones directas, aplicando para todos ellos el procedimiento que la Ley prevé para obras de importes superiores.
A esta decisión llegó el Ayuntamiento tras la polémica planteada como consecuencia de la concentración, en algún distrito, de pequeñas obras en pocas empresas. Pero la realidad es que con esta medida las empresas malagueñas han visto cómo el Consistorio se deshacía del “único cauce legal” de que disponía para asegurarse que, al menos, las pequeñas obras de urgente ejecución y escasa cuantía fueran ejecutadas por empresas con implantación local, que son las que generan el empleo y riqueza en Málaga.
Ya ha pasado un tiempo suficiente para poder evidenciar las consecuencias de dicha decisión:
La pérdida de la necesaria agilidad administrativa en dar una pronta respuesta a las pequeñas reparaciones que necesiten las instalaciones e infraestructuras públicas.
El colapso administrativo de determinados departamentos del propio Ayuntamiento que se ven sobrepasados por la enorme carga de trabajo adicional que dicha decisión les ha conllevado, al verse obligados a tramitar, por el procedimiento licitación pública abierta, obras de escasísima cuantía.
Por último, y en estos momentos de crisis, quizás la consecuencia más importante para la economía de esta ciudad: la limitación de trabajo a nuestras empresas que se encuentran con la competencia de otras sin arraigo alguno en Málaga, mientras que las nuestras se encuentran con la imposibilidad de trabajar en otros territorios donde tenemos vedado el acceso porque siguen operando con los procedimientos de contratación suprimidos en Málaga que, por otro lado, insistimos, son completamente legales y aplicados por todas las administraciones públicas sin excepciones, independientemente del color político que tengan.
Si lo que pretendía el Ayuntamiento era dar una imagen de mayor transparencia en la contratación pública, puede que haya logrado el efecto mediático, pero a un costo excesivamente alto para nuestras empresas.
Se debe apostar por la rotación de empresas en estas invitaciones o adjudicaciones directas, evitando las concentraciones excesivas de obras a una sola empresa. Solución a la que fácilmente se llegaría con una mera instrucción interna, aplicable en todos los distritos y dependencias municipales de contratación, que así lo impusiera, fijando un límite en los importes de obra que anualmente le pueden ser adjudicados a una misma empresa en un determinado distrito por este sistema. Pero nunca hacer pagar a justos por pecadores.
Hace escasos días tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Alcalde de Málaga y de manifestarle, entre otros, nuestra preocupación por este tema, sobre todo, ahora que se aproxima el momento en el que han de salir a licitación los proyectos municipales con cargo al nuevo FONDO ESTATAL PARA
EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL.
El pasado año fueron precisamente estos fondos los que permitieron a numerosas pequeñas y medianas empresas malagueñas sobrevivir, manteniendo de esta forma los puestos de trabajo de sus empleados. Por este motivo, se solicitó al Sr. Alcalde que diera marcha atrás en su decisión, entregándole un listado de más de 70 empresas de implantación local, interesadas en ejecutar este tipo de pequeñas obras.
Quiero aprovechar este foro para incidir nuevamente en nuestra petición, solicitando que cuente con ellas, que apueste por las empresas malagueñas que a lo largo del tiempo han respondido con su trabajo y buen hacer al Ayuntamiento de esta ciudad.
Como conclusión final y dirigida a todas las Administraciones Públicas, que aprovechen los cauces legales para garantizar que la inversión Pública que se genere en nuestra provincia, se quede en las empresas malagueñas y por tanto se asegure el mantenimiento de los puestos de trabajos de los malagueños.