La nueva ley tiene como objetivo prioritario asegurar que el turismo siga siendo uno de los principales motores económicos de la comunidad autónoma, que reporta 15.400 millones de euros anuales, el 11% de su Producto Interior Bruto (PIB). Para ello, incorpora en sus 84 artículos medidas de ordenación, promoción, mejora de la accesibilidad a los recursos, impulso a la cooperación público-privada, fomento de la creación de empleo y reforzamiento de las garantías de calidad y seguridad para usuarios y trabajadores.
Entre sus principales novedades, la norma prevé la creación de nuevos instrumentos de planificación coordinados con las políticas de ordenación del territorio. Asimismo, establece una reclasificación de la oferta, introduce la regulación de nuevas fórmulas de negocio como la propiedad horizontal, e incluye medidas para potenciar las actuales políticas de calidad e innovación.
Asimismo, la nueva Ley incorpora también las medidas de simplificación de trámites previstas en la Directiva Europea de Servicios en el Mercado Interior con el fin de agilizar la creación de empresas turísticas. Entre ellas, destaca la sustitución de la autorización administrativa para el inicio de la actividad por una declaración responsable del interesado.
La norma sitúa al territorio como principal recurso de la actividad turística. Por ello, potencia los instrumentos de planificación y crea nuevas figuras como los Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y Actividades Turísticas, que determinarán el modelo aplicable a cada lugar. Además, fijarán los criterios para la aprobación de nuevos Programas de Recualificación de Destinos en espacios turísticamente saturados.
Suelo de uso turísticoEn la misma línea y a través de una disposición final, el texto modifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en el sentido de homogeneizar la definición de suelo de uso turístico. De acuerdo con ello, tendrán esta consideración los terrenos que se destinen a alojamiento en al menos un 50% de su edificabilidad total. De esta proporción, el 5% podrá dedicarse a servicios diferentes del alojamiento.
También regula fórmulas de negocio como los alojamientos en regímenes de propiedad horizontal y condominio, que deberán ser gestionados bajo unidad de explotación. De este modo, la gestión y comercialización de un conjunto de unidades de alojamiento correrá a cargo de un único sujeto, profesionalizado, responsable de la actividad y de la relación con los usuarios y la Administración.
Junto con estas regulaciones, la Ley establece una reclasificación de la oferta para introducir la distinción entre los servicios turísticos (alojamiento, intermediación, información, turismo activo, restauración y catering) y aquellas otras actividades con incidencia en el sector (estaciones de esquí, campos de golf, puertos deportivos, parques temáticos, programas de difusión cultural y congresos y eventos empresariales).
Por último, el texto refuerza las políticas de calidad e innovación que actualmente desarrolla la Junta, con proyectos como la Comunidad Turística de Andalucía, el centro de innovación ‘Andalucía Lab’ y el nuevo Plan de Calidad Turística 2010-12. En el ámbito de la promoción, se potencia la consideración de la región como destino turístico global proyectado de forma unitaria en los mercados nacional e internacional.
La nueva Ley ha contado en su elaboración con la participación de los agentes sociales y económicos, además de ser ratificada por el pleno del Consejo Andaluz de Turismo, principal órgano consultivo de la Administración autonómica en la materia. Asimismo, se han recogido consideraciones tanto del Consejo Consultivo como del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía.
Una amplia representación del sector turístico presenció en el Parlamento andaluz el debate de la Ley de Turismo, en el que todos los portavoces valoraron la norma por su aportación.
El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, aseguró que la Ley de Turismo busca “más el encuentro que el desencuentro” de la industria turística y que Andalucía cree tendencia a través de ideas “novedosas”.
Asimismo, manifestó que esta nueva normativa, tiene “la necesidad de dar respuesta al turismo actual, que ha cambiado lo suficiente en los últimos años”. “El turista del siglo XXI está más informado, más preparado, tiene más capacidad de decisión, elabora y prepara su propio viaje y cree que la calidad y la excelencia no pueden faltar”, apostilló
Valoraciones Sindicatos y empresarios han valorado la nueva Ley de Turismo. CCOO y UGT consideraron que la norma es “muy acertada” y añadieron que el texto final cuenta con “un alto grado de consenso” y, por tanto, confiaron en que cuente con un “alto nivel de operatividad y eficacia en su posterior aplicación y desarrollo”. Los secretarios generales de Turismo de CCOO-A y UGT-A, Gonzalo Fuentes y Rafael Navas, respectivamente, incidieron en que la normativa ha estado abierta a la participación de agentes sociales y económicos y ha permitido incorporar numerosas propuestas tanto en la Mesa de Turismo, derivada de la concertación, como en el Consejo Andaluz de Turismo, y tras el dictamen del Consejo Económico y Social de Andalucía.
La nueva ley, expresó Fuentes a través de un comunicado, incorpora un “elemento fundamental” que no existía en la anterior y que la central sindical reclamaba como “absolutamente necesario”: relacionar la ordenación turística con la planificación territorial.
En este sentido, manifestó que todo el Título III de la ley tiene la intención de incidir en la planificación urbanística “para preservar los suelos de uso turístico de la especulación, incluidos los destinados a equipamientos, poniendo freno a lo que ha ocurrido en años pasados y dando en el futuro una mayor garantía a los municipios para defender los destinos turísticos y sus entornos, permitiendo que el turismo siga siendo uno de los motores económicos de Andalucía”.
La Ley de Turismo de Andalucía se aprobó con los votos del PSOE e IU y la abstención del PP. La portavoz del Partido Popular en el debate, Ángeles Muñoz, dijo que la norma carece de visión de futuro; mientras que el diputado de IULV-CA, José Antonio Castro, expresó que su grupo está “muy satisfecho” con el proceso legislativo que se ha seguido hasta la aprobación de esta normativa.
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